Ecos del Senado: La “nueva normalidad” al rojo vivo

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El arranque de la llamada nueva normalidad se da cuando la curva de contagios sigue en pleno ascenso y al borde de 14 mil muertes por coronavirus; cuando la tasa de letalidad supera el 11% -la más alta de Latinoamérica-; y el semáforo epidemiológico está en rojo en casi todo el país.

El anuncio del gobierno federal de la reapertura de actividades fue a todas luces irresponsable porque se basó en el argumento de que ya se aplanó la curva de contagios y “se domó la pandemia”, lo cual generó una enorme confusión en la opinión pública e incrementó la movilidad social, provocando un aumento en los casos de Covid-19.

Esta apertura sin apertura, normalidad sin normalidad, se da justo cuando empieza la fase que transfiere a los gobiernos estatales la responsabilidad política y económica de la reactivación en medio de la pandemia.


El semáforo de riesgos está al rojo vivo y el Presidente es el primero que se pasó el alto al reiniciar sus giras, no para atender los problemas de salud o para estar cerca de la población ante la grave condición económica que viven miles de familias, sino para dar el banderazo de salida a la construcción del tren maya, desestimando las medidas sanitarias de prevención, en una agenda política divorciada de la realidad.

Si la apertura se regirá por un semáforo que nadie está dispuesto a respetar, ni siquiera el Presidente; si va a haber nuevos brotes o rebrotes de los contagios; si solo pueden reanudarse las actividades esenciales y no cualquier otra; si hay discrepancia entre los datos del gobierno federal y de los gobiernos estatales; si hay subregistro en el número de contagiados y de decesos, ¿qué significa realmente esta nueva normalidad? Ante el cúmulo de inconsistencias y mensajes contradictorios del propio gobierno federal, ¿cómo esperar que la población tenga la claridad que le falta al gobierno?

Desde luego existe una gran preocupación por los efectos económicos de la pandemia; solo entre marzo y mayo más de 707 mil trabajadores asegurados en el IMSS han perdido su empleo; 12.5 millones de mexicanos han dejado de percibir ingresos y se mantienen en la incertidumbre, de acuerdo con la más reciente encuesta de INEGI.

El Banco de México pronostica una caída del PIB de 8.8% para este año, los inversionistas extranjeros han retirado 16 mil millones de dólares del país y el Coneval estima que la pobreza moderada y la pobreza extrema podrían incrementarse en 10 millones de personas cada una, si no se aplican acciones más allá de los programas sociales.

Ante la brutal caída del empleo y de los ingresos de millones de mexicanos, uno esperaría la aplicación de medidas urgentes que aminoren el impacto que esta crisis ha provocado en la economía nacional, como lo están haciendo otros países para proteger a su población. Sin embargo, el gobierno ha rechazado otorgar un ingreso básico temporal a los trabajadores formales e informales que han perdido su ingreso y se niega a ofrecer incentivos fiscales a las MiPyMEs, que son las generadoras del 72% de los empleos formales en el país.

No cabe duda que las decisiones públicas en una democracia transmiten señales muy importantes a la población y a los actores económicos. La prioridad es clara, debemos cuidar la vida, la salud y el ingreso de los mexicanos.

Hemos pedido al Presidente que como jefe de Estado convoque a un gran acuerdo nacional para salir adelante en ésta, la mayor crisis económica de la historia reciente. Necesitamos alinear esfuerzos con los gobiernos estatales y municipales, el sector productivo y las organizaciones de la sociedad, para trabajar unidos y tomar las decisiones correctas que permitan aliviar la angustia de las familias.

Asumamos juntos el deber de rescatar a México.

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