Ecos del Senado: Nunca más una Ley Bonilla

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el pasado lunes un asunto de verdadera trascendencia para la vida de la República, al revertir por unanimidad el golpe parlamentario a la democracia que el congreso del estado de Baja California había asestado para ampliar el periodo de gobierno de Jaime Bonilla Valdez, de 2 a 5 años.


El caso no sólo causó una profunda indignación en la opinión pública, sino que motivó la presentación de seis acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Partido de Baja California y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



Como se recordará, la noche del 9 de julio de 2019, 21 diputados de la XXII Legislatura del congreso local, de todos los signos partidistas, votaron a favor de validar la reforma al artículo octavo transitorio de la constitución del estado, presentada por un diputado de Morena, la cual fue aprobada también por tres de los cinco ayuntamientos del estado en tiempo récord.


Con ello se había dado validez legal a la pretensión del entonces gobernador electo, Jaime Bonilla, postulado por Morena, para estar al frente del gobierno de la entidad por cinco años, a pesar de que cuando se llevó a cabo la elección, el 2 de junio de 2019, los electores acudieron a las urnas para votar por un gobernador de dos años.


Cabe destacar que lo anterior había quedado establecido por el propio congreso local, que en 2014 determinó reformar la constitución de Baja California para empatar las elecciones del estado con la elección federal de 2021.


El asunto se tornó en un gran escándalo porque la decisión del Poder Legislativo del Estado no solo era ilegal y contraria al sistema democrático, sino un verdadero fraude post electoral. No omito mencionar que la mayoría de los legisladores que aprobaron esa reforma eran panistas, los cuales fueron expulsados del partido por ese hecho vergonzoso.

Incluso se llegó a hablar de que los diputados locales recibieron "beneficios" a cambio de conceder su voto, lo que constituye un acto de corrupción, tipificado como delito grave, tanto por quien lo recibe como de quien lo ofrece.


El pleno de la Suprema Corte sesionó el lunes vía remota para discutir el proyecto de resolución del ministro Fernando Franco, que propuso declarar inválida la llamada Ley Bonilla.


Las ministras y ministros determinaron que la reforma para ampliar el periodo de gobierno violó diversos principios fundamentales del sistema democrático mexicano, como son: certeza electoral, legalidad y seguridad jurídica; las bases constitucionales de la organización política de los Estados; el derecho a votar y ser votado en condiciones de libertad e igualdad; así como los principios de no reelección y de irretroactividad de las leyes.


Además, dejaron en claro que el constituyente local incurrió en un fraude a su constitución, al haber modificado el periodo del gobernador electo una vez que culminó el proceso electoral, con lo que también se violentó la voluntad general de los ciudadanos de Baja California expresada en las urnas.


Ante uno de los mayores desafíos del sistema democrático del país, la Suprema Corte estuvo a la altura de las circunstancias, las ministras y ministros resolvieron conforme a derecho, pero sobre todo fueron muy conscientes del grave precedente que podía generarse ante la posibilidad de que cualquier gobernante que cuente con la mayoría calificada en el congreso pueda discrecionalmente modificar la constitución, cambiar el sentido del voto recibido, ampliar su periodo y permanecer en el cargo el tiempo que arbitrariamente disponga.


Con la sentencia de la Corte ha ganado México, venció la democracia, la legalidad y la certeza electoral. Nunca más un hecho aberrante como la llamada Ley Bonilla.


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