Falso Dilema

No cabe duda que el robo de hidrocarburos es un delito que ha venido incrementándose exponencialmente en los últimos años, hasta alcanzar en 2018 niveles de pérdida en Pemex por 60 mil millones de pesos anuales, según datos oficiales, sin que los anteriores gobiernos federales hayan llevado a cabo medidas eficaces para combatirlo.


Por sus altas ganancias, este delito genera un enorme daño social, ya que pervierte a comunidades enteras que participan o protegen a quienes lo comenten a cambio de algún beneficio económico.

El presidente López Obrador se ha convertido en el principal vocero del gobierno en esta materia, y ha expresado que personal, técnicos, altos mandos de Pemex, su sindicato y distribuidores de combustibles están involucrados.


¿Qué no sería más fácil llevar a cabo una labor de investigación técnica y financiera para detectar quiénes están cometiendo este delito desde Pemex o con la complicidad de funcionarios de la empresa productiva del Estado?

Nadie pone en duda la necesidad, incluso la urgencia de combatir este delito que es un robo a la nación con un grave daño social.


El dilema no es qué, sino más bien cómo atacar el problema. Pareciera que para el gobierno federal, suspender la distribución por ductos y sustituirla por reparto a través de pipas, es la solución factible, pero también parece que no se tuvo la información necesaria para dimensionar, no solo por el costo que puede implicar la distribución por autotanques, sino el desabasto generalizado de gasolinas en ocho entidades: Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Michoacán, Estado de México, Hidalgo y San Luis Potosí.

Por cierto, todos esos estados gobernados por partidos de oposición al partido en el gobierno federal, aunque después se sumó a la crisis la Ciudad de México, lo que agravó la exposición mediática de este problema.


Son muy graves las afectaciones que se han causado a millones de personas que han visto seriamente afectada su capacidad de movilidad, a empresas de producción y distribución de productos y servicios, y en general a la economía de las regiones.


El Presidente en las conferencias matutinas ha informado diariamente de la estrategia del gobierno federal de frenar la distribución a través de los ductos, haciendo reiterados llamados a la población solicitando paciencia y confianza, pero siendo enfático en que esta medida se va a prolongar el tiempo que sea necesario.

En suma, el dilema no es si estamos a favor o no de la persecución al robo de combustible, lo que evidentemente cuenta con el respaldo social de muchos de nosotros, sino que en la lucha contra este delito se implementen medidas bien planeadas, con conocimiento pleno de las consecuencias a la población, que aseguren un combate efectivo y de fondo a la corrupción y la impunidad.



Se ha dicho que el desabasto es por el cierre de ductos o por un problema de distribución, pero se advierte que Pemex dejó de importar en diciembre y enero el aditivo MTBE para refinar el crudo ligero y pesado, con el que se obtiene la gasolina.


Hay muchas preguntas: ¿México ha dejado de importar crudo ligero durante diciembre y enero? ¿se redujo su importación en ese lapso? ¿La restricción de usar los ductos será permanente o temporal? Si es temporal, ¿cuál es la estrategia que se va a seguir para evitar el robo en ductos o ductos paralelos? Y si es permanente, ¿cuánto costará la transportación por pipas?

Se indagan cinco casos por lavado de dinero proveniente del robo de combustibles, pero no sabemos si hay investigaciones a empresas o grupos gasolineros.

Hasta ahora todas son dudas que tenemos todos y a las que no se da respuesta.

La sociedad demanda acciones legales, el “huachicoleo” es un delito tan grave para la nación que no admite ni perdón ni olvido.

 A V I S O   L E G A L  

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